La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz por la Agrupación UNIDOS, Rosario Schamisseddine, presentó esta tarde una demanda contra la aspirante al Gobierno Municipal y alcaldesa interina, Angélica Sosa, ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) por el delito de coacción y solicitó la inhabilitación a su postulación.

“Dentro de la sanción está contemplada la pena privativa de libertad de 1 a  3 años y si es funcionaria pública será sancionada con la destitución del cargo sin que pueda ejercer ninguna otra función pública, hasta 3 años”, aseguró Schamisseddine acompañada de sus candidatos a concejales.

La demanda de Schamisseddine se da tras conocerse en redes sociales un audio atribuido a la alcaldesa interina de Santa Cruz en el que la autoridad exige a los funcionarios ediles hacer campaña por ella o de lo contrario poner sus cargos a disposición.

“Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están. No voy admitir más peros, tienen que estar en cada unidad vecinal ganando uno a uno el voto y cada uno me deberá reportar en foto a un chat que voy a crear, quizás las encuestas sean reales o no, pero hay un no importismo de parte de todos ustedes. Voy a pedir que mañana me presenten su renuncia”, acotó.

Según la Ley 026 del Régimen Electoral en su artículo 238, sostiene que constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones:

  1. C) COACCIÓN ELECTORAL. La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria pública o funcionario público, será sancionada o sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres (3) años.

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