El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, y el Gerente General de la Gestora Pública, Sergio Iván Flores Morón, explicaron que una auditoria identificó falencias e  irregularidades en el proceso de contratación de la empresa colombiana Heinsohn Business Technology, para desarrollar el nuevo software para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Se identificó falencias en el proceso de contratación, contradicciones legales e indicios de incumplimiento, según una nota de prensa.

“El proceso de la contratación se firmó con Heinsohn Business por 10 millones de dólares, este proceso de contratación ha tenido muchísimas observaciones que nos llevan a pensar que el momento del contrato, el monto pactado y el detalle de los requerimientos de la Gestora frente al proveedor todavía no estaban muy claros”, informó el viceministro Jáuregui.

El contrato con la empresa Heinsohn Business Technology se firmó en octubre de este año cuando se presentaban conflictos sociales. Luego de la firma se postergó por 15 días y finalmente se amplió este plazo por 30 días más recurriendo a la prórroga de los plazos, dicho plazo vence este 27 de diciembre.

“Este contrato, en este momento está en una situación de suspenso, en una interrupción de los plazos, esa interrupción concluye el 27 de diciembre, hasta esa fecha tenemos plazo para sentarnos con la empresa, después de los resultados hallados en la auditoría, vamos a poder tener algunas novedades respecto a las acciones que vamos a tomar para administrar esta controversia”, indicó.

En febrero de 2017 se contrata a la empresa Sysde Internacional Inc con el objetivo de comprar un software que centralice la migración de datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro de Bolivia, sin embargo por el incumplimiento y luego de dos prórrogas se decidió cancelar el contrato que a la fecha se encuentra en proceso arbitral.

“El contrato firmado con Sysde fue por 5.148.127 dólares de los cuales ya se desembolsó más de 3 millones de dólares. La controversia que tenemos con la empresa colombiana se trata de recuperar esos tres millones porque hubieron muchísimas dificultades”, declaró.

Producto del incumplimiento del contrato, en marzo de 2019 se amplió el plazo para el inicio de operaciones de la gestora por 30 meses, es decir que la estatal de pensiones deberá estar funcionando hasta septiembre de 2021.

Al respecto el Viceministro de Pensiones explicó que la Gestora Pública tenía todas las condiciones para funcionar sin embargo en 10 años el anterior Gobierno no pudo iniciar con las actividades de la estatal de pensiones.

Radio Fides/La Paz