El presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, Juan Carlos Vargas, pide al Gobierno hacer respetar el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la internación y la venta de ropa usada en el país, establecer sanciones similares a la aplicada con el tráfico de droga (Ley 1008), la comercialización de las prendas la consideran atentatoria contra la salud pública.

 

“Esto es una ilegalidad, se está atento contra la norma, debería ser controlada como se controla con la Ley 1008, hay que tomar una decisión, si seremos un país defensor del producto nacional o del extranjero. Nosotros vemos que el Gobierno nacional a partir del Decreto no hizo nada para controlar”, sostuvo Vargas a Radio Fides.

Como resultado de la comercialización de ropa usada las Fedemype redujeron en 20%, no cuentan con mercados para ofertar sus productos.

Este lunes los comercializadores de prendería usada seleccionada retomaron  sus medias de presión en todo el país exigiendo la anulación del Decreto 28761.

 

RadioFides/Santa Cruz

 

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