La juez Melina Lima, ordenó arresto domiciliario y 50 mil bolivianos de fianza sin derecho al trabajo para el diputado Amílcar Barral y detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para su asistente, ambos fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y extorsión.

 

La abogada de Barral, Mónica Irusta, denunció la vulneración de los derechos de su defendido y evidenció una serie de irregularidades, la presentación a destiempo de la imputación formal y la falta de evidencia de flagrancia en el caso, apelaron la decisión de la juez en audiencia y en los próximos días un tribunal de alzada valorará la solicitud.

Para Irusta, el exalcalde de El Alto Edgar Patana, denunciante del caso, cayó en una serie de contradicciones en su declaración, dijo que el sobre con el dinero contenía billetes de 100 bolivianos, pero en el cuaderno de investigaciones figura cortes de 200 y 50 bolivianos. El abogado de Patana, Frank Zabaleta, dijo que el Ministerio Público no valoró los riesgos procesales y que Unidad Nacional (UN) está detrás del proceso contra la exautoridad (2014) para neutralizarlo políticamente.

Según la denuncia de Patana, el diputado Amílcar Barral lo extorsionó para que no sea cambiado de recinto penitenciario.

 

RadioFides/La Paz

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