El Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, presentó este jueves un estudio realizado en las ciudades de El Alto y Santa Cruz, donde destaca los obstáculos para cumplir la Ley 348, “Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” por parte de Ministerio Público, que niega el inicio de procesos.

“Este estudio lo que ha visibilizado es que el mayor cuello de botella que existe, es en el Ministerio Público debido a la alta estadística de casos que son rechazados y de acuerdo a las estadísticas proporcionadas de 23.415 casos que fueron realizadas en la gestión 2017, 13 mil fueron rechazadas”, indicó Lourdes Flores, abogada del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”.

El estudio también reveló la falta de especialización en temas de violencia por los funcionarios del Ministerio Público y los juzgados dedicados a l tema, “ciertamente sí tiene el nombre (Juzgado Especializado) pero lamentablemente muchos de los administradores de justicia carecen de esta especialización que debería ser requisito para ejercer estos cargos”, cuestionó Flores.

Otra de las dificultades es en el tema de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), que si bien existe protocolos de atención a las víctimas de violencia, muchas veces los mismos deben ser adecuados a los cambios procesales o a los requerimientos que tiene la víctima para evitar la revictimización y la retardación de justicia en las actuaciones procesales, “… es necesario trabajar en Protocolos adecuados a cada contexto en El Alto como Santa Cruz”, aclaró.

Además la sobrecarga de denuncias en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen FELCV, ocasionan que no se cumpla a cabalidad la atención requerida debido a la gran demanda.

“De 15 casos de violencia que ingresan al día a la FELCV, no se puede abastecer la atención a estos casos de violencia, por más voluntad que tengan los investigadores”, lamentó.

“La especialización de jueces, fiscales, policías y personal subalterno resulta urgente con miras a prevenir las desestimaciones y rechazos de denuncias, además de la implementación de políticas para cambiar la cultura de impunidad, no solamente judicial sino también social”, recomendó el estudio.

LA PAZ/Fides

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