El diputado opositor José Carlos Gutiérrez presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la que considera la «prueba y confesión» de la ministra de Comunicación, Gisela López, sobre la difusión de una encuesta a favor del presidente Evo Morales.

Gutiérrez dijo que  la prueba es: “La resolución de 2015 del TSE, por la que se inhabilita a más de 240 candidatos de Unidad Demócrata en departamento del Beni a municipios, concejalías, asamblea legislativa departamental y gobernación, por la publicación de una encuesta sobre la intención de voto para las elecciones regionales”.

Gutiérrez denunció ante el TSE que el Movimiento al Socialismo (MAS) violó la Ley del Régimen Electoral y el reglamento de las Elecciones Primarias, porque publicó en medios de comunicación una encuesta de intención de voto. Ante el hecho, pidió que se cancele la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La sanción está fijada en la Ley del Régimen Electoral (026) para partidos que divulguen estudios de opinión sin autorización del ente regidor de elecciones o durante la veda electoral.

La Ministra de Comunicación reconoció que el Gobierno pago la publicación de la encuesta, pero aseguró que no violó la norma electoral.

Para la oposición, esa afirmación de López confirma que no sólo se vulneró la Ley 026, sino también se incurrió en delitos penales al usar recursos públicos en propaganda política.

El opositor alertó que la intención del TSE podría ser postergar el tratamiento de este tema hasta después de las Elecciones Primarias del 27 de enero.

Los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo de manera separada presentaron querellas penales contra López, por malversación de recursos públicos por pagar la propaganda del MAS.

LA PAZ/Fides

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