En el proceso a Jhiery Fernandez participaron varios funcionarios entre fiscales jueces y ministros en estos tres años y diez meses desde que se conoció el proceso. El médico Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel a pesar de su inocencia, apuntó a seis operadores de justicia, pero culpó a uno en especial: el fiscal general, Ramiro Guerrero.

El bebé Alexander, víctima de maltrato por la problemática de consumo de alcohol de sus padres, llegó al hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz en 2014, y murió en el Hospital Juan XXIII debido a problemas complejos de salud.

En este nosocomio se evidenció la presencia de sangre en el cuerpo del bebé, por lo que la forense Ángela Yharmila Mora Vera realiza la autopsia respectiva y, de manera inmediata, establece la presencia de desgarros en el ano y “afirma que existió violación a Alexander”.

Bajo esta alerta, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz procedió con la aprehensión de 10 personas, entre trabajadores del hogar infantil y médicos de los hospitales del Niño y Juan XXIII.

Para esclarecer el hecho, se conformó una comisión de fiscales para indagar el caso: Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco y Edwin Blanco.

Sin embargo, el trabajo de la comisión fue observado el 5 de diciembre de 2014 por la entonces ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez. Su sucesora, Virginia Velasco recibió el encargo de presidente Evo Morales de apoyar a la familia de Fernández, pero su apoyo se limitó a presentar a dos abogados de Defensa Pública y pedir en una audiencia del proceso la condena inmediata de todos los implicados.

El 6 de diciembre de ese año, dos fiscales, Montoya y Zarco, fueron destituidos y el fiscal Zapata renunció, dejando solo en las investigaciones a Edwin Blanco (actual fiscal departamental de La Paz y aspirante a la Fiscalía General).

Pero, paralelamente, el director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Freddy Valle, renunció a su cargo y también se registra el abandono de la forense que evaluó al niño, Ángela Mora, presuntamente por motivos personales.

Por otra parte, el 18 de diciembre de 2014, el fiscal Guerrero afirmó que el perfil genético del agresor sexual de Alexander se conocería en siete días, hecho que hasta la fecha no se tiene un resultado.

Durante el procedimiento, la jueza Segunda de Instrucción Penal, Lía Cardozo, declaró el caso Alexander en reserva a petición de la comisión de fiscales que investigaba la supuesta agresión y muerte del bebé. Luego fue destituida por observaciones.

En noviembre de 2014, se realizó una necropsia a cargo de la forense María Ángela Terán, oportunidad en que descartó que hubiera violación al niño, además de echar por tierra el diagnóstico de Mora.

Asimismo, un estudio de ADN realizado por el especialista en genética Germán Meleán estableció que no hubo desgarros en el ano del bebé, contradiciendo la versión de la Fiscalía. Esto fue de conocimiento de los jueces y fiscales, pero no fue tomado en cuenta.

En la parte procedimental, la jueza Lía Cardozo también jugó un papel relevante en la primera parte del proceso, pero fue sacada del cargo. Asimismo, la fiscal Susana Boyán se adhiere a Edwin Blanco y ambos se encargaron de acusar a Fernández. La presidenta del tribunal Décimo, Patricia

Pacajes, y los jueces técnicos Roberto Mérida y Gladis Guerrero emitieron la sentencia contra Fernández.

Otra figura política que presionó para que la investigación sea acelerada fue el entonces gobernador de La Paz, César Cocarico, quien deslindó cualquier responsabilidad, pese a que el bebé estaba a cargo de una funcionaria del hogar infantil del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) paceño.

LA PAZ/Con datos de Los Tiempos