La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su preocupación por la disposición adicional primera del Proyecto de Ley de Regularización de Adeudos Tributarios, conocida como la “Ley del Perdonazo”, que permite al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Aduana “vulnerar el derecho a la reserva y confidencialidad” de las operaciones de particulares con entidades financieras, apelando a la simple “presunción de la existencia del incumplimiento de obligaciones tributarias”.
En una nota dirigida al presidente Evo Morales, el presidente de la CEPB, Ronaldo Nostas advierte que dicha disposición del proyecto de ley, pretende ampliar las facultades de las autoridades tributarias y vigorizar el accionar discrecional del SIN “a partir de una lógica de persecución de los contribuyentes registrados en el padrón tributario”.
En la misiva también se acara que la determinación, no se justifica porque la propia Ley de Servicios Financieros “en la actualidad, posibilita que estas autoridades puedan acceder a la información bancaria, en el caso que se precisara en un proceso de verificación en curso (…) a fin de conducir procesos de fiscalización certeros”.
La citada Ley 393 señala  expresamente que el derecho a la confidencialidad de las operaciones financieras de privados, no rige para el caso que las autoridades tributarias requieran información, siempre y cuando se tenga un proceso de verificación en curso sobre un responsable determinado.
LA PAZ/Agencias