El conflicto sociopolítico de Nicaragua, originado por la gestión del presidente, Daniel Ortega, cumple 100 días en medio de la incertidumbre generada por la mermada economía, la violencia que no cesa y el éxodo de ciudadanos atemorizados por una situación sin perspectivas de pronta solución.

La represión y las amenazas del Gobierno de Nicaragua hacia quienes alzan su voz en contra de Ortega, de 72 años, generaron un cambio radical en el país que, hasta hace poco más de tres meses, tenía la imagen de ser el más seguro y pacífico de Centroamérica: entre 295 y 351 personas han sido asesinadas desde el pasado 18 de abril durante las protestas antigubernamentales.

Las fallidas reformas al seguro social planteadas por Ortega desataron una oleada de multitudinarias protestas que desembocaron en una lucha desigual, en la que los manifestantes autoconvocados, en su mayoría estudiantes universitarios, levantaron barricadas para protegerse de la violencia armada de las fuerzas progubernamentales.

La crisis provocó que cientos de medianas y pequeñas empresas echaran el cierre y muchos nicaragüenses se han visto obligados a salir del país por temor a la violencia o en busca de un empleo que sustituya al que han perdido.

Los sectores más afectados son el turístico y el hostelero, que, según han reconocido diversos empresarios, cuyo nombre omiten por temor a represalias, han dejado de recibir clientes y, por ende, se vieron obligados a cerrar sus puertas al público. Ese es el caso de hoteles, restaurantes, bares y lugares de ocio en general.

Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

MANAGUA, NICARAGUA