El expresidente, Carlos Mesa, presentó un nuevo memorial a la Fiscalía General del Estado en el que añade nuevos argumentos para que se rechace la proposición acusatoria que la Procuraduría General del Estado presentó en su contra por el caso Quiborax.

En su nuevo escrito, Mesa señala que la mala defensa del Gobierno en el caso causó al Estado un daño económico de hasta 39,6 millones de dólares, en el peor de los casos, y de 2,6 millones de dólares en el ‘mejor’ de los escenarios.

“El pago de $us 42,6 millones de dólares reconocido, causó un daño económico al Estado de 39,6 millones de dólares, que es el monto de dinero que Bolivia no hubiera erogado si el gobierno nacional hubiera cumplido el acuerdo conciliatorio de 2008 de los $us. 3 millones de dólares; o un daño económico al Estado de 15.6 millones de dólares que es el monto de dinero que Bolivia no hubiera erogado si el gobierno nacional el año 2017 hubiera aceptado la suma de 27 millones de dólares. Incluso si se toma en cuenta que la mayor pretensión real de estas empresas, después del fracaso del acuerdo conciliatorio, era de 40 millones de dólares, monto que estaban predispuestas a rebajar, así no lo hubieran rebajado, existiría un daño económico de 2,6 millones de dólares por el pago efectuado de los 42,6 millones de dólares”, señala Mesa.

Amparándose en publicaciones periodísticas, Mesa hace referencia que a lo largo del laudo instaurado por la empresa chilena Quiborax, el Estado tuvo la oportunidad de pagar 3 millones de dólares, en primera instancia, y 40 millones en otra, pero terminó pagando 42,6 millones.

“En el caso de los juicios penales ha quedado demostrado con la tercera negociación y pago de los 42,6 millones de dólares, que los mismos no han sido un óbice para llegar a este acuerdo; es más, uno de los beneficiados principales de este pago es David Moscoso, representante y accionista principal de Non Matellic Minerals, que confesó su delito de falsificación de un acta de accionistas (composición del capital accionario mayoritario) y uso de documento falsificado, con el cual forzó ilícitamente la tramitación de este arbitraje”, acota el exmandatario.

Además, el exmandatario reitera que el inicio del proceso se dio mediante un documento falsificado y vuelve a criticar que el falsificador “confeso”, David Moscoso, vaya a recibir parte de la compensación que pagó el Gobierno boliviano.

La Fiscalía deberá anunciar hasta el próximo lunes 9 de julio si acepta o no la proposición acusatoria en contra de Mesa y sus ex ministros.

SUCRE/Fides