El procurador General del Estado, Pablo Menacho. (PGE)

El Estado boliviano deberá pagar 48,6 millones de dólares a la  empresa chilena Quiborax de acuerdo al fallo del CIADI del Banco Mundial (BM),  por la reversión de sus concesiones, ante lo que el Gobierno responsabilizó al ex presidente Carlos Mesa.

El procurador del Estado, Pablo Menacho, pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Carlos Mesa y a tres de sus ministros por supuestamente incumplir normas al revertir la concesión de Non Metalic, socia de Quiborax, a la que el Estado deberá pagar 48,6 millones de bolivianos tras un proceso que ganó esa empresa chilena.

“Resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica son estos tres hechos por los que hemos denunciado a Fiscalía para que inicié una investigación en contra del expresidente Carlos Mesa y tres ministros que estaban mandados, ordenados a realizar las auditorías”, dijo en conferencia de prensa.

Argumentó que las ex autoridades son responsables por haber emitido normas inconstitucionales de reversión de las concesiones que tenía Quiborax para explotar ulexita en el Salar de Uyuni.

Fallo definitivo

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un Tribunal Arbitral del Banco Mundial, informó en su portal sobre el fallo que desestimó una apelación del Estado boliviano contra una sentencia en primera instancia que ya había dado la razón a la empresa chilena en 2015. Bolivia sostenía en su apelación que el ente internacional se había extralimitado en sus facultades.

CIADI dictaminó “desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación” e impuso además a Bolivia el pago de “gastos y honorarios de los miembros del Comité y los derechos devengados por la utilización del CIADI”, por casi medio millón de dólares.

El Tribunal Arbitral argumentó que no vulneró ninguna norma y que su fallo está dentro de sus facultades.

Quiborax demandó a Bolivia en 2006, ante el CIADI, dos años después de que el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005) anulara sin indemnización alguna sus concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, el desierto salino más grande del mundo y una de las principales reservas de litio.

Bolivia justificó su decisión porque, según sus autoridades, existían incompatibilidades entre las declaraciones de explotación, válidas para el pago de tributos y regalías, y las de las exportaciones de la firma chilena.

La compañía suspendió el proceso en 2008, al iniciar una negociación con el gobierno del presidente Evo Morales pero, ante la falta de entendimiento, reinició la acción legal ante el CIADI en 2009.

LA PAZ/Fides

paa

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