La Policía evacua uno de los cadáveres de hotel Las Américas en abril de 2009. (Archivo)
La Policía evacua uno de los cadáveres de hotel Las Américas en abril de 2009. (Archivo)

El Gobierno rechazó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que admitió la denuncia contra el Estado boliviano por la violación de los derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial en el «caso terrorismo» del hotel Las Américas.

Este martes se conoció que luego de ocho años, el pasado 24 de febrero la CIDH admitió el «derecho de petición» presentado por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos. Tádic fue detenido durante el asalto al hotel y estuvo casi cinco años preso hasta que, mediante un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable y fue liberado.

La admisión de la Comisión puede derivar en la apertura de una causa contra el presidente Evo Morales, como máxima autoridad del Estado boliviano, por crímenes de lesa humanidad. Morales dijo que dio la orden de realizar el operativo, que terminó con la vida de tres personas.

El fundamento de la resolución de admisión de la CID refiere la supuesta ejecución extrajudicial del irlandés Michael Dwyer en el operativo del hotel, que de ser probada podría generar responsabilidades por tortura y violación del derecho a la vida. Esos delitos no prescriben y son perseguidos internacionalmente. Junto con Dwyer fueron supuestamente ejecutados también el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores y el rumano-húngaro Árpád Magyarosi.

Consultado sobre la admisión de la denuncia por parte de la CIDH, el ministro de Gobierno Carlo Romero aseguró que equivale a «pretender juzgar al Presidente porque salvó la unidad de la patria, porque se enfrentó a peligrosos separatistas».

Según la CIDH existen elementos que dan cuenta que en el caso Hotel Las Américas se incurrió en ejecución extrajudicial, detención indebida, secuestro judicial, precedida de torturas para obtener testimonios, confesiones que sumadas constituyen serias violaciones a los derechos humanos.

Antes de emitir la resolución de admisión, la CIDH procesó todos los elementos aportados por los peticionarios y convocó al Estado boliviano para que presente los descargos respectivos, aunque inicialmente demandó la falta de competencia de esta instancia.

Según Romero, «es un caso de la justicia boliviana, que es la que actúa primero en resguardo del interés boliviano».

LA PAZ/Agencias

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