Mariano Rajoy. (LV)
Mariano Rajoy. (LV)

El gobierno español anunció este jueves que seguirá adelante «para restaurar la legalidad» en Cataluña, no dando por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a su requerimiento de si declaró o no la independencia.

Este jueves vencía el plazo definitivo para que Puigdemont aclarara al gobierno conservador de Mariano Rajoy si declaró la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán que acaparó la atención mundial.

En su respuesta, Puigdemont afirmó que «si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no voó el día 10».

Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites para intervenir en la administración catalana.

El gobierno de España ha constatado «la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento» y en consecuencia «continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña».

Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley.

«El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico» causados por el desafío independentista, según el comunicado.

No hay de momento respuesta del gobierno catalán al anuncio de Madrid, pero diputados de la coalición Junts pel Sí, del presidente Puigdemont, y de la CUP, que conforman el frente independentista en el Parlamento catalán, estaban reunidos para decidir los próximos pasos en esta crisis.

Puertas legales

El artículo 155 dice que el gobierno central «podrá adoptar las medidas necesarias» para forzar a una comunidad autónoma «al cumplimiento forzoso» de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, un trámite que podría alargarse varios días.

La mayoría independentista del Parlamento catalán se comprometió a proclamar la secesión si ésta se imponía en el referendo del 1.° de octubre, declarado inconstitucional. Así fue, con 90% de los votos a favor pero una participación inferior a la mitad del censo.

MADRID, ESPAÑA/Agencias

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