Henrique Capriles y Julio Borges. (HBN)
Henrique Capriles y Julio Borges. (HBN)

La oposición de Venezuela anunció este lunes la convocatoria de un plebiscito simbólico para el próximo 16 de julio. Con este se busca darle la oportunidad a los venezolanos de rechazar los planes del presidente Nicolás Maduro de reescribir la constitución.

El anuncio del plan representa una escalada dramática en los esfuerzos de la oposición para combatir la propuesta de Maduro. La consulta se realizará dos semanas antes de la fecha propuesta por el mandatario y avalada por las autoridades electorales para que los venezolanos acudan a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente a cargo de cambiar la constitución de 1999.

La oposición argumenta que la convocatoria de la Asamblea es inconstitucional debido a que el gobernante evitó convocar un referendo aprobatorio por adelantado.

“Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia”, dijo el diputado opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.

La intención de esta medida sería respaldar con cifras lo que ya se manifiesta en las calles: el rechazo de la mayoría de los venezolanos a la gestión de Maduro, a su proyecto de redactar una nueva carta magna y la exigencia de elecciones.

El plebiscito también tendría como propósito sumar el respaldo de los venezolanos a la propuesta de renovar “los poderes públicos que se encuentran al margen de la constitución”, agregó Borges en alusión a las sentencias que desde comienzo del 2016 el Tribunal Supremo de Justicia ha bloqueado al congreso y un conjunto de fallos recientes en contra la de la Fiscal General.

El anuncio se produjo en momentos que en el país padece protestas antigubernamentales casi a diario que en tres meses han dejado al menos 75 muertos así como cientos de detenidos y unos 1,400 heridos.

En un acto previo, la Asamblea Nacional de Venezuela desafió al máximo tribunal al confirmar la designación del vicefiscal general Rafael González y denunciar que el fallo en contra de su nombramiento violó la carta magna y usurpó funciones del Legislativo.

La ley del Ministerio Público señala que dentro de las atribuciones del fiscal general está elegir a los funcionarios que lo acompañan y es potestad del Congreso aprobarlo o no, indicó la fiscal general Luisa Ortega Díaz al solicitar a los legisladores la ratificación de González.

CARACAS, VENEZUELA/Agencias

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