El presidente Evo Morales y los representantes de Cainco. (APG)
El presidente Evo Morales y los representantes de Cainco. (APG)

El presidente Evo Morales anunció el lunes después de reunirse con los empresarios agroindustriales de Santa Cruz que el Gobierno dispondrá el 5% del dinero del Fondo de Jubilaciones para otorgar créditos a su sector.

El vocal del Tribunal de Justicia de La Paz y experto en materia de Seguridad Social, Iván Campero, explicó que significa la intención del Gobierno de entregar los recursos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a los agroindustriales.

Ámbito jurídico

Desde la mirada legal dijo que el gobierno debe cumplir el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 141 y 142 de la Ley de Pensiones.

El artículo 45.II., de la Constitución establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, con control y participación social. El 45.IV agrega: “el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”. Según Campero, este artículo obliga al gobierno a precautelar el retorno seguro y la sostenibilidad de la inversión del dinero de los trabajadores.

El Convenio 102 de la OIT, que fue aprobado por la ONU en 1955, estipula las reglas mínimas de la seguridad social, entre ellas el derecho a una jubilación. El Vocal recordó que el artículo 410.II. de la Constitución contempla esa norma internacional en el bloque de constitucionalidad, por tanto debe ser cumplida.

Para cerrar su análisis jurídico, Campero citó dos artículos de la Ley de Pensiones vigente, el 141 y 142.

ARTÍCULO 141.- (POLÍTICAS DE INVERSIÓN). La Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo definirá políticas de inversión para cada Fondo Administrado en el marco de los límites de inversión previstos en la presente Ley y sus reglamentos.

ARTÍCULO 142.- (LIMITES DE INVERSIÓN). Las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional efectuadas por la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo estarán sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, límites por calificación de riesgo y otros de acuerdo a reglamento.

Como podrán ver, “la Ley establece límites por calificación de riesgo. Y lo primero que surge son los límites de inversión: ¿quién va a emitir esa inversión? ¿Cuáles son límites de calificación de riesgo?”, subrayó Campero.

Dicho de otro modo, el Gobierno debe hacer un estudio previo a través de la entidad gestora o del propio gobierno para determinar si vale la pena otorgar créditos al sector agroindustrial, asegurar ganancias y garantizar la sostenibilidad.

“En las inversiones en materia de seguridad social no solo pesa el interés (7%, 8 o 10%), puede ser alto, está bien; (lo que) tenemos que ver es la capacidad de pago y sostenibilidad de esa inversión para lograr el retorno”, indicó y formuló algunas preguntas: ¿Quién garantiza el retorno? ¿El Estado? ¿Será el Estado un tercero garante de un privado o el privado se va a garantizar así mismo?

Con el fin de precisar conceptos, Campero señaló que se trata de un acto jurídico público de recursos sociales y no de un acto jurídico bancario comercial, “por lo que amerita un estudio pormenorizado de la garantía de la inversión y que el retorno sea sostenible”.

Ámbito económico

Para opinar desde la perspectiva económica, Campero se basó en el artículo 144 de la Ley de Pensiones, que establece: “Los Valores o Instrumentos financieros objeto de inversión por el Fondo de Ahorro Previsional, a excepción de los señalados en el Parágrafo II, inciso c) del Artículo referido a la Administración del Portafolio de Inversiones de la presente Ley, deben contar con calificación de riesgo de acuerdo a lo determinado por la Ley del Mercado de Valores y sus reglamento”.

Entonces, “lo primero que se debe definir es: ¿se va a convertir en inversión o en valores? Una cosa es invertir el fondo previsional en el tema de vejez y otra cosa son los otros fondos que tienen que ver por ejemplo con el riesgo común”, puntualizó.

Campero sugirió al gobierno de Morales analizar desde los escenarios jurídico y económico antes de otorgar los créditos anunciados a un sector como el agrícola.

En su criterio, el estudio previo, que es obligatorio, debe considerar el carácter del sector al que se está otorgando el crédito. “No solo se deben tomar en cuenta los fenómenos climatológicos, también la economía porque es volátil y el uso de la tecnología y otros factores”, añadió.

Tras insistir que está de acuerdo en la inversión, alertó: ¿imagínese por una situación climatológica, no siempre por la decisión de los prestatarios de no cubrir la obligación, sino por una causa externa pueda darse una contingencia que imposibilite el pago, ¿qué va a ocurrir con las personas que van a tener que acogerse a la jubilación? ¿Otra vez el estado va a resultar garante? ¿Va a ser suficiente?”.

LA PAZ/Tomado de Rimay Pampa

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