Samuel Doria Medina. (APG)
Samuel Doria Medina. (APG)

La próxima audiencia de Samuel Doria Medina en el Tribunal Supremo de Justicia el 3 noviembre en Sucre,  y la resolución de la comisión de fiscales que piden su detención inmediata, además del inició de la anotación preventiva de los bienes del empresario, son el prólogo a un proceso que tiene más de político que de judicial.

El miércoles Doria Medina denunció a los medios de comunicación que: “Han hecho una anotación preventiva de mis bienes, pero no solo de mis bienes, sino de los bienes de mis hermanas, de otras personas, imagínese el absurdo”.

De inmediato el fiscal General de Estado, Ramiro Guerreo indicó que “se ha pedido la anotación de bienes y se ha expuesto ante el Órgano Judicial la posibilidad o el riesgo que pudiera existir sobre la facilidad que tiene (Samuel Doria Medina) de salir del país, o la facilidad para obstaculizar en algún momento el proceso”.

A lo que el ahora empresario hotelero respondió que tiene familia e inversiones en Bolivia y si hubiera tenido la intención de dejar el país lo hubiera realizado hace mucho tiempo y recordó que desde hace tres años que se inició la investigación y el posterior proceso dejo el país en 11 oportunidades y siempre regreso.

Por su parte la diputada Romina Pérez, de la Comisión Especial de Investigación de la Capitalización, indicó que de ninguna manera el proceso contra Doria Medina es una “persecución política”.

“Se lo está acusando por contratos lesivos al Estado, por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por consiguiente no hay ninguna persecución política y Doria Medina debe presentarse ante todos los requerimientos que le haga la Fiscalía”, explicó Pérez.

Otro de los participantes de la comisión legislativa, Javier Zabaleta, sostuvo “Ha generado daño económico, se han dado condiciones concesionales a una empresa privada en desmedro del Estado, mientras el Estado captaba créditos en el rango del 2%,3%,4%, el Estado le da a Fundapro un crédito, no sólo con 20 años de gracia, donde no pagaba intereses, sino que luego le cobra apenas el 1% de intereses”.

En defensa del empresario su partido Unidad Nacional (UN) publicó un comunicado en el expresó que “se trata de un proceso que el MAS viene promoviendo hace tres años y como no hay ninguna prueba de manejo antieconómico, ha resuelto enjuiciar a Samuel Doria Medina por  incumplimiento de deberes, por un proceso administrativo que no empezó él (Doria Medina), sino que ya estaba allí cuando él se desempeñó como ministro”.

El final de este nuevo entuerto parece estar lejano, pues Doria Medina después de la audiencia por el caso de la institución de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), el 9 de noviembre deberá asistir a una audiencia por su participación en la capitalización de los bienes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).

LA PAZ/Fides