Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz. (Archivo)
Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz. (Archivo)

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó el lunes que presentó al Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar una acusación formal contra Rubén Armando Costas Aguilera, Roly Aguilera Gasser, José Luis Parada Rivera, por delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Además la acusación contra Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

“La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas”, explicó el Fiscal Departamental, Gomer Padilla, citado en un boletín institucional.

Según la investigación, en la gestión 2006 se aprobó el POA para la gestión 2007 en el que se programó la compra de 2 camionetas, 1 vagoneta y 20 motocicletas, con la partida presupuestaria 43300, bajo el financiamiento de recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

Sin embargo, Costas dejó sin efecto lo programado en  2007 y procedió a la compra de 40 camionetas doble cabina, por 6.030.320 bolivianos con la partida que estaba destinada al Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento.

“En la investigación, también se pudo establecer que no se contempló la compra de vehículos que tenían como finalidad atender emergencias y desastres en la ciudad, ya que no podían ejecutar esos recursos que no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales”, explicó a su turno el fiscal Osvaldo Dante Tejerina.

Dijo que después de haber invertido el dinero que estaba destinado a la partida de Seguridad Ciudadana, en algo que no estaba contemplado en el POA 2007, se intentó justificar esa compra con el Decreto Supremo 29013, de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por los fenómenos del Niño.

El boletín de prensa explica que la compra de las camionetas para la entonces Prefectura del Departamento de Santa Cruz, afectó la partida presupuestaria 43.300, de “Equipo de Transporte y Tracción” con recursos del IDH; al margen de lo establecido en el Decreto Supremo 28421 (que crea el destino de fondos IDH para seguridad ciudadana), de la Ley 3058, Ley 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999 y Decreto Supremo 27327 de 31 de enero de 2004.

“Como efecto por haber afectado la partida presupuestaria de seguridad ciudadana, se ha dejado de invertir en Planes y Programas de Seguridad Ciudadana que busquen la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia durante la gestión 2007. Además, esos vehículos, fueron transferidos a unidades organizacionales de la entonces Prefectura que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres2, explica el boletín de prensa.

Por su parte Vladimir Peña, asesor de la Gobernación de Santa Cruz calificó el resolución del Ministerio Público como “política y tiene la intención de impedir que Rubén Costas sea candidato en 2019”.

SANTA CRUZ/Fides con datos de la Fiscalía General del Estado

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