El ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El plazo de 48 horas que dieron los mineros cooperativistas de La Paz y Potosí al Ejecutivo, para viabilizar la liberación de los detenidos de ese sector, es una confesión expresa de que van a obstruir la justicia, aseguró el martes el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

«Ese pedido público de dar plazo y conminar es una confesión expresa de parte de que van a obstruir la acción de la justicia», indicó en entrevista con la televisora Red Uno.

El sábado, 10 de 11 cooperativistas mineros fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro, acusados de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y contra bienes públicos, además de robo.

Ayer, dos federaciones se pronunciaron por dar un plazo fatal al Gobierno, para que se libere a los detenidos, de lo contrario anticiparon que iniciarán protestas.

Romero consideró que los cooperativistas mineros desconocen que el Órgano Judicial es el que define sobre los detenidos y no el Ejecutivo, o en su defecto están conscientes y quieren que la justicia sea excluida de su administración cuando se refiere a cooperativistas mineros.

En todo caso, la autoridad manifestó que los asesores y abogados de los cooperativistas mineros no están actuando porque los detenidos aún no fueron imputados.

Sin embargo, qué se puede esperar cuando uno de ellos, el viernes, señaló que «la población boliviana celebra que los policías hayan sido agredidos porque la gente no los quiere».

Entre el miércoles y jueves al menos 70 policías fueron agredidos por los cooperativistas mineros, muchos de ellos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente luego de la paliza que recibieron.

Agregó que como Ministerio de Gobierno que coadyuva a la Policía no retirará la querella «para nada» contra los cooperativistas porque los «crímenes gravísimos que se han cometido deben establecerse responsabilidades y sentar precedente».

LA PAZ/Fides

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