aprehencion_exministra_nemesia_achacollo_320160803El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, informó el miércoles a radio Fides que el Ministerio Público determinó la aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, acusada de malos manejos en el exFondo Indígena. Blanco asegura que cuentan con indicios sólidos.

Achacollo es acusada de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, al identificarse irregularidades en la ejecución de distintos proyectos en el Fondo Indígena.

“Los indicios que hemos podio colectar forman parte de la estrategia jurídica que va ser presentada ante el Órgano Judicial (…), básicamente tenemos informes técnicos, el mismo informe final de interventora del Fondo Indígena, tenemos algunos registros del lugar del hecho, persona que han sido cautelada y que aún guardan detención preventiva (…). Creemos que los indicios son sólidos y será la autoridad jurisdiccional la encargada de ratificar o revocar nuestra decisión”, indicó.

Blanco también desmintió las acusaciones contra la Fiscalía por un supuesto favorecimiento a Achacollo y aclaró que no existe ninguna presión política. “Nosotros actuamos bajo los principios de objetividad y legalidad, toda vez que los indicios son serios, por lo que se ha visto por conveniente emitir la resolución de aprehensión”, sostuvo.

Tras la disposición del Ministerio Público, la exautoridad fue trasladada a celdas policiales a la espera de una audiencia de medidas cautelares ya que la Fiscalía presentará la imputación formal hasta el día de mañana, tiene 24 horas para cumplir con ese requisito.

Según una nota de prensa, la resolución de aprehensión establece que la acusada tenía la obligación de controlar y fiscalizar cada cierre de gestión los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, mediante informes de los directores ejecutivos, ahora imputados y privados de libertad.

Asimismo, debía fiscalizar las operaciones de su gestión, incluyendo los estados financieros auditados por auditoría externa, para que el mismo sea remitido al Ministerio de Economía y al Contralor General del Estado.

El documento sostiene que de 2010 a 2014, durante la gestión de Achacollo, se aprobó varios proyectos de financiamiento que fueron supervisados por la Contraloría General del Estado debido a algunas irregularidades detectadas, tales como la no ejecución de proyectos y la insuficiencia del plan de desembolsos.

Además se estableció que los directores ejecutivos desde el año 2010 hasta el 31 de octubre de 2014 no realizaron un seguimiento permanente a 153 proyectos y a los dineros desembolsados, causando grave daño económico al Estado, motivo por lo que se inició un proceso penal en contra de varios sujetos procesales del directorio, directores ejecutivos y beneficiarios del Fondo Indígena.

De acuerdo con el Decreto Supremo 28571, Achacollo, como Presidenta del Directorio del Fondo Indígena tenía la obligación de aprobar o rechazar el financiamiento de todos los proyectos a suscribirse por el Fondo Indígena, mediante resoluciones ministeriales expresas, registradas en actas.

En ese marco, se estableció que Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial.

Dicha obligación no fue cumplida, al contrario aprobó proyectos sin observar el procedimiento y exigir requisitos de fondo y de forma, además autorizó llanamente el desembolso de recursos económicos del Estado, permitiendo que estos recursos vayan a parar a manos de particulares de manera ilegal.

En enero de 2015, la Contraloría General del Estado denunció un daño al Estado por 71 millones de bolivianos por 105 obras no ejecutadas con recursos de esos fondos destinados exclusivamente a organizaciones sociales.

Después de un año del inicio de las investigaciones, suman 29 personas detenidas preventivamente, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos y la dirigente indígena Melva Hurtado.

LA PAZ/Fides

 

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