Funcionarios del SIN colocan el precinto de clausura en una puerta. (Internet)
Funcionarios del SIN colocan el precinto de clausura en una puerta. (Internet)

El Juzgado 1º de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de Cochabamba, resolvió el jueves la detención preventiva para Rosario C. C., propietaria de la Farmacia Nacional, por la presunta comisión del delito de violación de precintos y otros controles tributarios, sancionado en el artículo 180 del Código Tributario.

La juez Sandra Parra determinó enviar a la acusada a la cárcel de San Sebastián mujeres luego de que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) presentó una querella debido a que fue encontrada en flagrancia con su actividad comercial pese a la clausura de su actividad económica por la falta de emisión de factura, nota fiscal o algún documento equivalente, según un nota de prensa.

El presidente del SIN, Mario Cazón Morales, destacó la decisión judicial y recordó que “no se puede violar un precinto y seguir atendiendo una actividad hasta que cumpla la sanción de la clausura por los días que estaban establecidos en el acta contravencional”.

La autoridad explicó que la Administración Tributaria actuó en estricta aplicación del Código Tributario y afirmó que los servidores públicos diariamente ejercen tareas de fiscalización a las actividades económicas con el fin de que cumplan sus deberes tributarios de manera adecuada y oportuna.

Aprehensión en Oruro

En la ciudad de Oruro otras dos personas fueron aprehendidas por el mismo delito. la Policía detuvo a los ciudadanos Ángel S. G. y Adelaida G. S., administradores del motel “Caramelos”, quienes fueron encontrados en flagrancia cometiendo el ilícito de violación de precintos.

Ambas personas se encuentran en dependencias policiales luego de que los controladores fiscales de la Gerencia Distrital Oruro de la Administración Tributaria constataron que el precinto de clausura Nro. 195130, fijado el pasado 3 de junio, se encontraba roto y la puerta principal de ingreso a dicho motel se encontraba abierta, prestando atención y servicio con normalidad pese a la sanción de 12 días consecutivos.

Los denunciados se encuentran a la espera de una audiencia de medidas cautelares que defina su situación jurídica.

El Código Tributario establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de 6.000 UFV’s (seis mil Unidades de Fomento de la Vivienda) a quien para continuar su actividad o evitar controles sobre la misma, violara, rompiera o destruyera precintos y demás medios de control o instrumentos de medición o de seguridad establecidos mediante norma previa por la Administración Tributaria.

LA PAZ/Fides

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