El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

La Fiscalía del Estado instruyó la formación de una comisión que investigue la violencia desatada el miércoles en las puertas e interiores de la Alcaldía de El Alto, donde convergía una protesta de padres de familia y que saldó, en medio de un incendio, con 6 muertos por asfixia dentro el recinto, a 4 días de la realización de un referendo constitucional en Bolivia.

«Ni bien conocimos estos hechos de violencia hemos instruido la conformación de una comisión de 3 fiscales para investigar los hechos de violencia, dar con los responsables y procesarlos de acuerdo con lo que establece la ley», expresó el fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda.

Guerrero había instruido hacia el mediodía a la fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, Rosario Venegas, conformar una comisión para investigar la violencia desencadena en la Alcaldía de El Alto, gobernada por la centroderechista opositora Soledad Chapetón.

El Fiscal del Estado instruyó, además, el desplazamiento de médicos y peritos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para coadyuvar en la investigación y esclarecer este lamentable hecho que se cobró la vida de 6, reseña una cartilla de prensa del Ministerio Público.

La protesta de padres de familia, en demanda a Chapetón de mayor atención, derivó, en un rapto de violencia supurada, en la quema de ambientes de la Alcaldía de El Alto.

Decenas de funcionarios se descolgaron por las ventanas del edificio municipal en llamas para salvar la vida, más 6 de ellos, 4 dentro un baño, perecieron por asfixia.

Imágenes de televisión y de aficionados mostraron varias de las oficinas de la Alcaldía en llamas.

«Lamentamos las muertes registradas, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a los familiares (…). Como Ministerio Público vamos a investigar hasta llegar a establecer la verdad histórica y material de los hechos», manifestó Guerrero, según el boletín.

A más de 5 horas de los hechos, la tensión en esa ciudad, una de las más pujantes del país y de un millón de habitantes, en su mayoría migrantes campesinos y mineros, se centró en las afueras de un hospital donde fueron amortajados los cuerpos de los fallecidos.

Deudos y lugarejos se oponen a que los cuerpos sean trasladados a un nosocomio de La Paz, circunsvecina de El Alto, para que se efectúe el examen forense de ley.

LA PAZ/ABI

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