El defensor del Pueblo, Rolando Villena.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El defensor del Pueblo Rolando Villena aseguró hoy que el Decreto Supremo 2366, que autoriza la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas del país, vulnera siete artículos de la Constitución Política del Estado y cinco Tratados o Acuerdos Internacionales referidos tanto a los derechos de los pueblos indígenas como al medio ambiente y protección de la vida.

Villena, en uso de sus atribuciones constitucionales, ingresó una Acción de Inconstitucionalidad contra dicho Decreto el pasado 9 de diciembre y en una extensa argumentación, señala que la medida dispuesta por el Ejecutivo en mayo de 2015, además del artículo 410 sobre la Supremacía Constitucional, vulnera los artículos 2, 30 y 403 de la Constitución, referidos a los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y a ser consultados antes de implementarse medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En el caso del decreto 2366 ninguno de los pueblos que habitan las áreas protegidas fueron consultados antes de emitirse esta norma.

Del mismo modo, señala que se está vulnerando los artículos 33 y 343 que indica que los bolivianos tienen derecho a desarrollarse en un medio ambiente sano y a ser consultados e informados previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

En este caso, de acuerdo a la Defensoría, la intervención sobre las áreas protegidas afectará necesariamente la calidad medio ambiental. “Tampoco -indicó el Defensor- se consideró informar y menos consultar a la población, como lo manda la Constitución, antes de emitir esta disposición”.

Según el Defensor, el Decreto 2366 también vulnera el artículo 385 de la Constitución que indica que las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, lo que significa que además de ser de interés público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y, de acuerdo a la misma norma suprema.

Este mismo artículo establece que donde exista sobreposición entre territorios indígenas y áreas protegidas, la gestión de éstas se hará según normas de los pueblos indígenas, sin embargo en este Decreto se está decidiendo la gestión a través de mecanismos que les son ajenos.

También se están afectando acuerdos internacionales suscritos por Bolivia como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica de 5 de Junio de 1992.

Villena explicó que en Bolivia existen 22 Áreas Protegidas de alcance nacional, 24 de alcance departamental y 81 de alcance municipal, es decir 127 en total. “Pese a que los artículos 302 y 304 señalan competencias exclusivas de los municipios y de los pueblos indígenas, el Decreto 2366 arroga al nivel central la potestad de afectar las áreas protegidas en áreas que no son de su competencia, generando otra vulneración a la norma suprema”, indicó.

La acción abstracta, tomando como base información del SERNAP, explica que tan solo en las 22 áreas protegidas del país, viven actualmente 20 pueblos indígenas, es decir el 55% de los 36 que menciona la Constitución.

LA PAZ/Fides