El defensor del Pueblo, Rolando Villena, en conferencia de prensa. (APG)
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, en conferencia de prensa. (APG)

En un informe del Defensor del Pueblo, que fue presentado el lunes, estableció que son cuatro ciudades del país que concentran la mayor cantidad de procesos judiciales. Los juzgados de El Alto, Sucre, Cochabamba y La Paz aglutinan 14.125 casos de los 28.000 casos que radican en 63 juzgados y tribunales.

Los datos surgen tras la verificación que realizó la defensoría en 63 juzgados y tribunales de materia penal en16 ciudades del país. De hecho, de estos 28.000 casos radicados los Juzgados de Instrucción Penal Cautelar concentran 21.600, los Tribunales de Sentencia 1.592 y los de Ejecución Penal 4.902. La cantidad de casos en la etapa de juicio oral es menor en relación a la cantidad de causas que están en la etapa preliminar.

El Alto es la ciudad que más casos concentra con 4.000, seguida de Sucre con 3.525, Cochabamba y La Paz con más de 3.300, cada una.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, identificó que las condiciones de trabajo y la excesiva demanda no atendida, están afectando la atención adecuada de los procesos penales e incrementando la mora judicial “lo que vulnera los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que tienen casos pendientes, especialmente las víctimas”.

La verificación que se realizó en enero de este año a 25 Juzgados de Instrucción Penal, 22 Tribunales de Sentencia y 16 de Ejecución Penal, mostró que en algunas ciudades no se cuentan con ambientes aceptables para el trabajo que se realiza, por ejemplo, en Yacuiba, en algunos casos, las audiencias deben realizarse en el patio por falta de espacio; otro caso es el de El Alto donde en un juzgado se utiliza el despacho del juez como sala de audiencias.

Según el informe la situación es crítica en cuanto a mobiliario pues el que existe resulta insuficiente para todo el personal, muchas veces el personal debe compartir un escritorio y, en algunos casos, ante la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso.

En un juzgado, las mesas son prestadas e incluso se detectaron casos en  los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores públicos, situación que se repite en el caso del material de escritorio. En un Tribunal de El Alto, los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, cartulinas, bolígrafos u otro accesorio.

Respecto a la cooperación existente entre los juzgados, tribunales y el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el informe señala que en La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, la cooperación es inexistente, mientras que en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad  es escasa y no uniforme en todos los juzgados y tribunales.

Ante estas situaciones el defensor del Pueblo, Rolando Villena, recomendó al Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia y  Ministerio de Justicia la aplicación de las siguientes medidas como mejorar el espacio físico donde funcionan los juzgados y tribunales, especialmente en las ciudades de Trinidad, Yacuiba, Riberalta y Monteagudo.

Atender las necesidades en cuanto a mobiliario de los juzgados y tribunales del país, además de la custodia adecuada de los expedientes y documentación que se genera diariamente en estas instancias, especialmente en los juzgados de Santa Cruz, El Alto, Oruro, Villa Tunari y Yacuiba. Dotar de equipos de computación, servicio de internet, además de cubrir adecuadamente la demanda de material de escritorio a juzgados y tribunales, entre otras recomendaciones.

LA PAZ/Fides