El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró el domingo que el sistema de recepción de denuncias de la institución que dirige registró en 2014 un total  de 2.557 casos por vulneración de los derechos a la integridad; donde destacan los delitos de tortura y tratos degradantes e inhumanos.

“Esta cifra es la más alta de la gestión y supera en más del 100% a la reportada en 2013 que,  alcanzó a 1.222 casos.  De los 2.557 casos, 1.142 afectan a mujeres y 601 a niñas, niños o adolescentes, constituyéndose este derecho,  en uno de los cuatro más vulnerados en la gestión”, aseveró la autoridad.

En relación a los casos de tortura, el Defensor recordó que,  entre los más graves en el último tiempo se encuentran el  de David Olorio y el Subteniente militar Poma Guanto, los de la represión en Chaparina, los evidenciados en la cárcel de El Abra, los ejercidos contra alumnos de la Escuela Básica Policial o contra conscriptos en varias unidades militares del país, así como detenidos en celdas policiales en casos de alta relevancia pública,  los suboficiales presos por demandar descolonización en las Fuerzas Armadas, entre otros.

“Sin embargo son muchos más los hechos que han sido silenciados, acallados o que no se han denunciado por cansancio de los familiares, amenazas a las víctimas o el descrédito,  y el estigma que pesa sobre las víctimas que muchas veces son acusados o que habrían  cometido delitos”, afirmó.

Asimismo, indicó que otros casos de tratos crueles e inhumanos se han conocido en los más de 90 linchamientos sucedidos en el país en la gestión 2014, algunos de ellos concluidos con muerte o daños irreparables, donde se han ejercido tratos inhumanos y evidentes torturas por parte de grupos de vecinos en contra de presuntos delincuentes detenidos in fraganti.

“En 2014 se han incrementado la cantidad de denuncias públicas por tratos crueles e inhumanos en recintos policiales y en unidades militares, lo que muestra también que existe una mayor conciencia y claridad sobre el derecho a no sufrir estos tratos, pero también nos indica que estas formas de comportamiento continúan ejerciéndose de manera recurrente y habitual en el comportamiento institucional, pero también social, alimentado por un sistema de impunidad y aceptación Estatal que, lejos de sancionarlo o procesarlo, muchas veces lo acepta y lo promueve”, manifestó.

Finalmente, dijo que los Órganos del Estado deben asumir el problema de la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos como una asignatura pendiente de resolver para garantizar el ejercicio y cumplimento de los derechos humanos en Bolivia.

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