Víctimas dan plazo a la Suprema hasta el 30 de agosto para que dicte sentencia

La Asociación de familiares y víctimas de la sangrienta violencia de octubre del año 2003 otorgó un plazo hasta el 30 de agosto para que el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema sentencie a los procesados en el juicio de responsabilidades a la administración del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada.

“No podemos esperar más, estamos cansados de tanta demora, esta es una burla”, dijo el presidente de la organización, Juan Patricio Quispe.

El dirigente advirtió sobre una reacción extrema si es que hasta fin de mes no se aplica una sanción en contra de los dos ministros de Estado y el Alto Mando Militar de entonces procesados en juicio de privilegio.

Patricio Quispe denunció que el gobierno pagó a una abogada para defender a los militares procesados, quienes ejercían cargos superiores durante la violencia.

Los pobladores de la provincia Omasuyus de La Paz (Ponchos Rojos) se sumarán a la vigilia de presión para apresurar la sentencia.

De su lado, el magistrado e integrante del Tribunal de Sentencia, Hugo Suárez dijo que no era necesario otorgar plazos: “pido paciencia a las víctimas y a sus familiares”, dijo.