Juez Baltasar Garzón está acusado de prevaricación y podría ser condenado a 17 años de inhabilitación

El juez Baltasar Garzón se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo español, que lo juzga por prevaricación por las escuchas que ordenó en el marco del "caso Gürtel", la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. El magistrado se hizo conocer desde el enjuiciamiento del ex mandatario chileno Augusto Pinochet.

A sus 56 años y tras haber perseguido a ETA, a narcos gallegos, a empresarios y políticos corruptos y al ex dictador chileno Augusto Pinochet, entre otros, el magistrado se enfrenta al final de su carrera judicial.

Suspendido desde hace casi dos años de sus funciones como juez instructor de la Audiencia Nacional española, puede ser condenado a hasta 17 años de inhabilitación

Justo una semana después del inicio de este juicio, en el que está acusado por uno de los abogados de los procesados por la "trama Gürtel" y por el presunto cerebro de la misma, Francisco Correa, Garzón tendrá que volver al mismo lugar para el inicio del juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Ese proceso lo impulsaron asociaciones de extrema derecha.

Suspendido desde hace casi dos años de sus funciones como juez instructor de la Audiencia Nacional española, puede ser condenado a hasta 17 años de inhabilitación. En ninguno de los dos procesos existe acusación por parte de la fiscalía.

Los acusadores en el juicio por las escuchas achacan a Garzón una violación de las "garantías constitucionales" por haber ordenado interceptar las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la trama de corrupción y sus abogados. Esas escuchas fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el proceso por su investigación de los crímenes del franquismo, un juicio que ha comprometido la imagen de la Justicia española fuera de España, Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas.

Los acusadores en el juicio por las escuchas achacan a Garzón una violación de las "garantías constitucionales" por haber ordenado interceptar las conversaciones en prisión.

En esa investigación acusó al dictador Francisco Franco y a 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de crímenes de lesa humanidad. La causa acabó diluyéndose al tener que inhibirse en favor de los juzgados territoriales, obligado por la fiscalía.