El juez español Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación

El Tribunal Supremo de España condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel y sus abogados, informa Cristina Ónega. También se informó que perdió definitivamente el cargo que ostenta.

La sentencia supone en la práctica el fin de la carrera de Baltasar Garzón, de 57 años, con la "pérdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuya plaza perderá. La sentencia es firme y no se puede recurrir.

Durante el tiempo que dura la condena, Garzón no podrá obtener ningún empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial. Además del pago de las costas tendrá que pagar una multa de 6 euros diaria durante 14 meses.

La sentencia ha sido acordada por unanimidad por los siete magistrados del tribunal, presidido por Joaquín Giménez, que juzgaban a Garzón. Es la primera sentencia de los tres procesos abiertos en el alto tribunal al juez de la Audiencia, suspendido en su día.

Los magistrados han comunicado personalmente la sentencia a Baltasar Garzón, que fue citado ante el tribunal pasadas las 13.30 horas.

Restringió el derecho de la defensa

El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar minimamente aceptable", informa Efe.

Según la sentencia, al ordenar las escuchas entre los presuntos cabecillas de Gürtel y sus abogados en prisión causó una "drástica e injustificada reducción del derecho de defensa.

El Supremo asegura que con su actuación, Garzón colocó "a todo el proceso penal español (...) al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados (...) admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los régimenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa".

El juez se defendió ante el tribunal asegurando que ordenó grabar las conversaciones en prisión para que los cabecillas de la trama Gürtel dejaran de blanquear dinero. En su alegato final, en el que asumió todas las decisiones "desde la más estricta legalidad", Garzón señaló que "nunca se lesionó el derecho de defensa sino que se protegió".

Con datos y video de RTVE