Víctor Eduardo Parada Vargas y su madre Silvia.(El Mundo)
Víctor Eduardo Parada Vargas y su madre Silvia.(El Mundo)

Víctor Eduardo Parada Vargas, de 30 años, fue condenado el 5 de enero en Malasia a la pena de muerte en la horca, por intentar introducir 450 gramos de cocaína, según informó el diario español El Mundo.

El joven boliviano residió durante siete años Benillova, de la Comunidad Valenciana en España, hasta que en 2009 fue deportado por no tener documentación.

En Benilloba, Víctor estudió un módulo de carpintería. Una vez  que retornó, ejerció el oficio hasta que un accidente laboral que le amputó tres dedos de la mano derecha, lo que le hizo perder el empleo.

En ese momento empezaron los problemas económicos y de pareja, según cuenta la familia al diario Información. La madre de Víctor, Silvia, afirmó, a través de una carta, que la desesperación llevó a su hijo “a aceptar la ayuda económica de un señor sudafricano, el cual le dejó dinero, pero desconocemos la cantidad”.

Señaló que después Víctor ya estaba recibiendo amenazas contra él y su hijo, puesto que la persona que le ofreció ayuda “resultó ser un narcotraficante”. Según la madre, el sudafricano obligó a su hijo a hacer un viaje llevando droga hasta el país asiático.

En 2013 fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir la droga en cápsulas ingeridas, lo que inició un proceso judicial que desembocó en una reciente condena a la pena capital.

El 8 de diciembre de 2017 se celebró el primer juicio, al que acudió Silvia para declarar, así como consiguió abrazar a su hijo después de cinco años sin verlo, destaca el medio español.

La ley malaya dispone pena de muerte a quien sea detenido en posesión de más de 40 gramos de cocaína.

Desde España la madre y las hermanas tratan de conseguir que la Justicia malaya no aplique la pena de muerte a Víctor.  La familia apeló a la decisión dictaminada en enero, pero el caso podría demorar años.

“No queremos dinero sino ayuda y asesoramiento. Aceptamos que debe pagar por el delito cometido pero no con la horca”, subrayó la hermana, para quien “no hay derecho a esa condena por llevar 450 gramos de cocaína”.

La familia, que ha tenido que pedir prestados parte de los 40.000 euros gastados en las gestiones, ha recurrido al consulado boliviano en Valencia, a las embajadas de Bolivia y Malasia en Madrid, y también ha contactado con la embajada del país iberoamericano más cercana a Kuala Lumpur, en Tokio, aunque se queja de la escasa atención recibida.

MADRID, ESPAÑA/Agencias

PAA

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